Chilpancingo, Guerrero.- La Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM-GRO), que preside el Lic. Juan Alarcón
Hernández, solicitó al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero intervención para brindar Medidas Cautelares a
favor de familias, dirigentes de la
organización civil denominada Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), así como de
los policías ciudadanos que se organizaron para la autodefensa con motivo de
los hechos de inseguridad suscitados en Ayutla de los Libres Guerrero.
Mediante escrito, dichos dirigentes solicitaron se les proporcionen
medidas cautelares para el resguardo de su integridad física y de sus familias,
señala el documento que toda vez que las vidas de estos se encuentran en
peligro a partir de que los miembros de la comunidades de los municipios de
Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villareal, Cuautepec y San Marcos,
con mayoría de habitantes indígenas, mestizos y afromexicanos, decidieron
organizarse para resguardar sus bienes, su tranquilidad, estabilidad familiar de manera directa ante
la escaza presencia de la autoridad encargada de garantizar la seguridad y
procuración de Justicia, tanto municipal, Estatal y Federal.
Por tal motivo la CODDEHUM-GUERRERO a través de su presidente, solicitó
al C. Gobernador su intervención para que se les brinden medidas cautelares a
favor de los antes mencionados ya que se corren el riesgo de que sean víctimas
de algún atentado a su integridad física y/o psíquica, con motivo de su
participación en el movimiento de autodefensa ciudadana originado por la
inseguridad pública prevaleciente en Ayutla de los libres y comunidades aledañas.
A efecto de garantizar los derechos fundamentales ya precisados, a
favor de estos, la Coddehum-Gro solicitó medidas cautelares consistentes en: la
implementación de medidas administrativas y legales necesarias para garantizar
la protección del derecho a la vida e integridad física, moral, mental,
patrimonial y social; así como a sus familiares y evitar algún daño de
irreparables consecuencias.
Así mismo, girar instrucciones a la Procuradora General de Justicia en
el Estado, a efecto de que en el ámbito de su competencia se aboque a la
investigación de los hechos que motivan la adopción de estas medidas
cautelares, sobre todo en lo concerniente a las amenazas
perpetradas en agravio de los dirigentes
de la (UPOEG), con el fin de identificar a los responsables y sean puestos a
disposición del juez correspondiente para el deslinde de las responsabilidades
penales, imponiendo las sanciones correspondientes.
Finalmente se solicitó que a través de las instituciones de Salud,
Procuración de Justicia y DIF-Guerrero se brinde tratamiento médico y
psicológico especializado que sea requerido por las víctimas directas e
indirectas, de los hechos presuntamente
delictivos por las personas aseguradas o resguardadas por los integrantes del
movimiento ciudadano.
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